Legisladores de Texas Impulsan Colaboración con ICE
En Texas, un panel del Senado escuchó una mezcla de oposición y apoyo moderado hacia un proyecto de ley que exigiría a los alguaciles colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La propuesta, presentada por el senador estatal Charles Schwertner, busca que los alguaciles de los condados con más de 100,000 habitantes firmen acuerdos con ICE, conocidos como acuerdos 287(g). Estos acuerdos permiten a los oficiales locales realizar tareas de control migratorio, como interrogar a los detenidos sobre su estatus migratorio o aplicar órdenes administrativas.
El proyecto, que cuenta con el respaldo del vicegobernador Dan Patrick y el gobernador Greg Abbott, asignaría fondos para que los alguaciles de los condados más pequeños colaboren con ICE. Sin embargo, los condados más grandes quedarían sin financiamiento. De implementarse, la ley también ampliaría las prácticas del programa 287(g), retomado por la administración de Trump, que en el pasado fue criticado por fomentar el perfil racial.
Algunos alguaciles expresaron su preocupación por los posibles impactos en sus presupuestos y recursos, señalando que asumir más responsabilidades podría resultar en costos adicionales. Brian Hawthorne, alguacil de Chambers y presidente de la Asociación de Alguaciles de Texas, destacó que, aunque la organización respalda el proyecto, no todos los miembros están de acuerdo con hacer obligatorios los acuerdos con ICE debido a los limitados recursos de las oficinas del alguacil.
Por otro lado, grupos de derechos civiles, como la ACLU de Texas, denunciaron el proyecto de ley como un mandato no financiado que podría derivar en un aumento de los casos de perfil racial. Sarah Cruz de la ACLU señaló que, en lugar de promover la seguridad pública, este tipo de medidas favorecen una agenda antiinmigrante que desatiende las necesidades reales de las comunidades.
En resumen, el proyecto de ley SB 8 ha generado un intenso debate en Texas, donde las preocupaciones sobre el impacto fiscal y las implicaciones para los derechos civiles siguen siendo puntos clave en la discusión. ** Con información del Texas Tribune. AGENCIAS
