El gobierno de Estados Unidos está ampliando la vigilancia digital de ICE para rastrear publicaciones relacionadas con inmigración, operativos migratorios y posibles amenazas contra sus agentes, en una estrategia que genera preocupación entre organizaciones defensoras de las libertades civiles.
Parte de esta tarea ha sido encargada a empresas privadas que utilizan tecnología avanzada e inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de contenido publicado en internet. Estas herramientas pueden identificar palabras, patrones y conexiones entre publicaciones para determinar qué usuarios podrían representar un riesgo para las operaciones de ICE.
La estrategia también contempla el uso de citaciones dirigidas a compañías de redes sociales con el propósito de obtener información que permita identificar a personas detrás de cuentas anónimas. En determinados casos, las investigaciones pueden incluir datos personales como domicilios, lugares de trabajo, fechas de nacimiento y antecedentes.
El alcance de estas medidas ha provocado alarma porque una publicación crítica o información compartida sobre inmigración podría terminar bajo el radar de las autoridades federales, incluso cuando no exista una amenaza directa de violencia.
El incremento del presupuesto destinado a estas herramientas refleja la expansión de la estrategia. Durante el primer año completo de la nueva administración de Donald Trump, el gasto de ICE en tecnología de vigilancia habría alcanzado aproximadamente $258 millones, un aumento considerable respecto al periodo anterior.
La polémica ahora se concentra en dónde termina la seguridad de los agentes y dónde comienza la vigilancia de ciudadanos. Organizaciones de derechos civiles advierten que el temor a ser investigado podría provocar que muchas personas dejen de expresar públicamente sus opiniones sobre inmigración. AGENCIAS
